23Oct, 2018
    RECUPERA TUS GASTOS HIPOTECARIOS. www.urbanoconsultores.es abogados

    GASTOS HIPOTECARIOS

    ADEMÁS DE LOS GASTOS QUE VENÍAMOS RECLAMANDO TAMBIÉN SE PUEDE RECUPERAR EL IMPUESTO DE AJD

     

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    El Tribunal Supremo en su sentencia del 16 de octubre cambia su criterio sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Esta sentencia es firme y no admite modificación, pese a las últimas noticias publicadas. Es el banco y no el consumidor quien debe abonar este impuesto por ser el beneficiario de la escritura notarial de la hipoteca. 

    ¿Qué gastos puedo reclamar?

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    Los gastos de formalización de la hipoteca son los importes derivados del pago de notaría, gestoría, impuestos y tasación que pagaste cuando firmaste tu hipoteca, incluida lacomisión de apertura,si la hubiera.La partida más controvertida era el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el Tribunal Supremo ha creado jurisprudencia en una nueva sentencia del 16 de octubre, que obliga al banco a pagar este impuesto por ser el beneficiario de la escritura notarial hipotecaria.

    Por tanto, se pueden reclamar:

    • Factura de la NOTARÍA correspondiente a la Escritura de Préstamo Hipotecario.
    • Gastos de TASACIÓN de la vivienda.
    • Factura del REGISTRO DE LA PROPIEDAD por la inscripción de la Hipoteca.
    • Gastos de GESTORÍA, siempre y cuando su intervención se haya impuesto por el banco.
    • Gastos de COMISIÓN DE APERTURA.
    • Impuesto de ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS.

    Se trata de las facturas que habitualmente se adjuntan a la hipoteca.

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    ¿Puedo reclamar si la hipoteca está ya cancelada?

    Todo el mundo que tenga o haya tenido un préstamo hipotecario puede reclamar los gastos. Tanto si tu hipoteca está activa, como si has vendido tu casa o si has realizado novaciones sobre el préstamo inicial, puedes reclamar los gastos

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    ¿Por qué Urbano & Asociados?

    Somos líderes en este tipo de reclamaciones: Estamos tan seguros de nuestro éxito que estamos dispuestos responder en caso de una eventual condena a costas.

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    *Urbano  Asociados mantiene entre sus criterios técnico-jurídicos en la defensa de los legítimos intereses de sus clientes los adoptados por el Tribunal Supremo en su Sentencia número 1505/2018 de fecha 16 de octubre de 2018. La resolución de cada caso depende de la decisión de un Juez o Tribunal.

    16Oct, 2018
    ¡Libérate de las deudas contraídas por culpa de la crisis!

    ¡Libérate de las deudas contraídas por culpa de la crisis!

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    Todavía muchas personas en nuestro país se encuentran perjudicadas por asuntos monetarios debido a la grave crisis económica y financiera que hemos sufrido en Europa, y especialmente en España.

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    Desafortunadamente, quedarse sin trabajo, tener que hacerse cargo de la familia, hacer frente a los gastos cotidianos del día a día, las cuotas de la hipoteca o simplemente endeudarse más con los bancos pidiendo créditos para sufragar todos estos pagos, es una triste realidad que ya se ha convertido en cotidiana en nuestro país.

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    Precisamente para intentar paliar los efectos de la crisis, y con el propósito de ayudar a las pymes y a particulares, surgió en el año 2015 el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social conocida coloquialmente como Ley de segunda oportunidad.

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    ¿Buscando quién defienda mejor tus intereses?
    Deja que nuestros expertos te ayuden y te guíen.

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    15Oct, 2018
    El Supremo destaca la importancia de implantar planes de compliance para prevenir delitos dentro de las empresas
    El Tribunal Supremo en su sentencia de 28 junio 2018, Rec. 2036/2017, incide en la necesidad de establecer mecanismos de este tipo para evitar casos como el que se plantea en esta sentencia en la que se condena a 4 años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal al exadministrador de la empresa Carbuastur por apoderase, sin el consentimiento de su socio italiano, de dinero en efectivo de la caja y realizar transferencias a su cuenta personal sin justificar su destino, además de otras irregularidades en la gestión, que ocasionaron un perjuicio de 2 millones de euros a esta empresa, que se dedicaba a la importación de carbón de Ucrania.Aqui en Valencia, asesoria gestoria Urbano Consultores.Asesoria Valencia, Gestoria Valencia, Abogados, Gestor, Asesor Fiscal Valencia. www.urbanoconsultores.es

    La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro Servet, destaca que “una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, o abuso de funciones que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato.

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    La Sala recuerda que ha sido pieza esencial en la reestructuración del buen gobierno corporativo de las sociedades que se implanten e implementen protocolos de buena gestión de los administradores de las sociedades mercantiles, a fin de que sus gestores actúen con arreglo a unos parámetros que ya se fijaron en el año 1997 en el conocido «Código Olivenza». Añade que junto con este Código Olivenza fue capital para el buen gobierno de la administración en las empresas la introducción de los programas de compliance en las mismas que evitarían casos como el que aquí ha ocurrido, ya que el control interno en las empresas evita la delincuencia cometida por directivos, y empleados mediante la técnica anglosajona del compliance program como conjunto de normas de carácter interno, establecidas en la empresa a iniciativa del órgano de administración, con la finalidad de implementar en ella un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo que le permita mitigar el riesgo de la comisión de delitos y exonerar a la empresa y, en su caso, al órgano de administración, de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus directivos y empleados.Aqui en Valencia, asesoria gestoria Urbano Consultores.  www.urbanoconsultores.esAsesoria Valencia, Gestoria Valencia, Abogados, Gestor, Asesor Fiscal Valencia. www.urbanoconsultores.es

    “De haber existido un adecuado programa de cumplimiento normativo, casos como el aquí ocurrido se darían con mayor dificultad, ya que en la mayoría de los supuestos el conocimiento de actividades, como las aquí declaradas probadas de apropiación de fondos y de abuso de gestión, no se hubieran dado, y no habría que esperar a que en este caso hubiera tenido que intervenir la agencia tributaria para, detectando el fraude fiscal que existía con el carbón importado, acabaran por descubrirse las apropiaciones realizadas por el recurrente”, subraya la Sala.

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    De ahí, afirman los magistrados, la importancia de que en las sociedades mercantiles se implanten estos programas de cumplimiento normativo, no solo para evitar la derivación de la responsabilidad penal a la empresa en los casos de delitos cometidos por directivos y empleados, que serían los casos de ilícitos penales ad extra, que son aquellos en los que los perjudicados son terceros/acreedores que son perjudicados por delitos tales como estafas, alzamientos de bienes, etc, sino, también, y en lo que afecta al supuesto ahora analizado, para evitar la comisión de los delitos de apropiación indebida y administración desleal, es decir, ad intra.

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    Estos últimos, indica la Sala, aunque no derivan la responsabilidad penal a la empresa por no estar reconocido como tales en sus preceptos esta derivación y ser ad intra, “sí que permiten obstaculizar la comisión de delitos como los aquí cometidos por los administradores que no dan rendición pautada de cuentas a sus socios o administradores solidarios y que cometen irregularidades, que en algunos casos, como los aquí ocurridos, son constitutivos de ilícitos penales”.

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    La sentencia destaca que estas actuaciones de ilícitos penales como los aquí cometidos incluso pueden dar lugar la existencia de responsabilidad civil, que en el caso de que se tratara de hechos ad extra o cometidos frente a terceros, y no frente al patrimonio de la sociedad, haría nacer una responsabilidad civil con cargo a la empresa por la vía del art. 120.4° CP (LA LEY 3996/1995), que podría estar cubierta por las pólizas de seguro de responsabilidad civil que suelen contratarse para cubrir estas eventualidades; pólizas que, al mismo tiempo, podrían exigir la constitución de los programas de cumplimiento normativo para aminorar o reducir el riesgo de la aparición de ese deber de indemnizar la aseguradora como consecuencia del aseguramiento de la responsabilidad civil. 

    La Sala concluye que es evidente que el programa de cumplimiento lo que traslada al administrador societario que tiene en mente realizar este tipo de conductas es saber la existencia de un control que en el caso aquí analizado no había, y que es lo que propició los actos de apropiación y de administración desleal declarados probados. Con estos programas de compliance, apunta el Tribunal Supremo, podrían evitarse estos delitos ad intra en el seno de las empresas para evitar una delincuencia societaria con grave perjuicio interno.

    El tribunal estima de forma parcial el recurso del condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo que le impuso una pena de 5 años y 9 meses de prisión por un delito de apropiación indebida y otro de administración desleal, así como el pago de una indemnización de 2 millones de euros más los intereses legales por los perjuicios causados a la empresa. La Sala le impone una pena de 4 años de prisión al apreciar continuidad delictiva de ambos delitos y mantiene el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida.

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    5Oct, 2018
    Cuándo una persona puede acogerse a la «segunda oportunidad» para liberarse de sus deudas? Gestor Autonomos

    En ASESORIA FISCAL en Valencia  ayudamos PYMES Y AUTONOMOS No estamos hablando de un sistema nuevo. El uno de marzo de 2015 entró en vigor el RDL 1/2015, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas del orden social. Su objetivo principal es permitir a las personas que por circunstancias de la vida han tenido un fracaso económico personal o en sus negocios, elpoder encarrilar su vida y comenzar «de cero», sin el lastre que supone la deuda, que se sabe no podrá nunca pagar. La Ley 14/2013 de Emprendedores introdujo un sistema similar, pero que debido a sus duros requisitos casi no fue aplicado. Esta Ley de 2015 amplia el sistema e introduce una posibilidad excepcional de exoneración y aplazamiento del pasivo.

     

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    ¿Qué requisitos exige la Ley para aplicar este sistema?

    La posibilidad que la ley ofrece viene referida a personas físicas que, en el marco de sus concursos de acreedores declarados, cumplan determinadas condiciones que permitan considerarlos como «deudores de buena fe». Estos requisitos son los siguientes, que vienen indicados en el artículo 178 bis de la Ley Concursal:

    • El concurso debe haber sido calificado como fortuito: es decir, no debe tratarse de concurso considerado culpable, que es una forma de calificar el concurso cuando se aprecia dolo o culpa grave del deudor.

    • El deudor no ha debido ser condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración del concurso. Si existe proceso penal pendiente el juez debe suspender su decisión hasta que haya sentencia firme.

    • Que se hubiera celebrado o por lo menos intentado un acuerdo extrajudicial.

    • Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa (vienen relacionados en el artículo 84 de la Ley Concursal, y los créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.

    Si este número 4) no se cumple, entonces:

    – Que el deudor acepte someterse al plan de pagos tras oír a los acreedores y sea aprobado por el juez.

    – Que no haya incumplido las obligaciones de colaboración con la administración concursal y el juez.

    – Que no haya obtenido este beneficio (el de la segunda oportunidad) dentro de los diez últimos años.

    – Que no haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.

    – Que acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho, que la obtención de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal con posibilidad de acceso público, por un plazo de cinco años.

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    ¿Es complicado el escrito que debe presentarse?

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    En absoluto. Se trata de un escrito dirigido al juez de primera instancia (A partir del 1 de octubre de 2015 quien conoce de los concursos de persona natural que no sea empresario es el Juzgado de Primera Instancia y no el Mercantil). En este documento, al amparo de lo establecido en el artículo 178 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio y tras la solicitud de conclusión del concurso por el administrador concursal, se insta la exoneración y aplazamiento del pasivo no satisfecho, acreditándose documentalmente los requisitos indicados en la ley para acceder al beneficio.

    El acreedor o acreedores evidentemente pueden oponerse a dicha solicitud, (artículo 178 bis.4.pfo.3º). Esta oposición se tramita a través del incidente concursal, y se articularía a través de una demanda dirigida al deudor que previamente habría solicitado el beneficio, y frente al administrador concursal, que habría solicitado la conclusión del concurso. Finalmente, será el juez quien decida sobre la solicitud planteada por el deudor.

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    ¿Qué dice la jurisprudencia?

    Los juzgados y las Audiencias han venido interpretando los requisitos establecidos en la ley para la aplicación del beneficio al deudor. Les ofrecemos una muestra de ellas:

    Momento de presentación de la solicitud

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    • La Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia reciente de 29 de junio de 2018, revocó la sentencia dictada por el Jugado de Primera Instancia, que había denegado la solicitud de exoneración y aplazamiento porque según su apreciación se estaba ante un concurso culpable al existir retraso en la solicitud de concurso. La Audiencia sin embargo discrepó de tal conclusión, pues consideró que realmente no se había cuestionado la concesión del beneficio de exoneración, sino que debió de concederse el beneficio cuando la administración concursal y los acreedores personados no se oponen al mismo por falta de concurrencia de los requisitos del artículo 178 bis 3 de la Ley Concursal. Para ello analiza el momento para solicitar el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho y las posibilidades existentes.

    • Por su parte la sentencia dictada también por la AP Barcelona de 13 de febrero de 2017 analiza el tema de cuándo debe presentar el deudor su solicitud, indicando que hasta que no concluyan las operaciones de liquidación, el concursado no puede pedir la exoneración del pasivo insatisfecho. En este caso la solicitud fue denegada.

    • También un juzgado de lo Mercantil, en sentencia dictada el 10 de marzo de 2016 examina la cuestión. En esta ocasión quita la razón al acreedor, que se había opuesto a la concesión del beneficio. El Juzgado indicó que la solicitud de concesión de la remisión del pasivo debe de efectuarse en el plazo que se concede a los partes para que formulen oposición a la conclusión, y ello tanto en el caso en el que se interese la finalización del procedimiento por liquidación como por insuficiencia de masa.

    Requisito de haber solicitado acuerdo extrajudicial

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    • Un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, en auto dictado el 15 de abril de 2016, concluyó que podía aplicarse al deudor el mecanismo de la segunda oportunidad. En este caso el deudor era persona física empresario que carecía de antecedentes penales, cuyo concurso no había sido declarado culpable. Concurrían los requisitos aunque el deudor no había intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, pues se trataba de un deudor de buena fe, y no podía exigírsele el cumplimiento de este requisito del acuerdo extrajudicial con efectos retroactivos (cuando pidió el concurso no se había aprobado la ley reguladora) y sí se había sometido a las demás exigencias que imponía la norma.

    • Sin embargo en esta ocasión (AP la Rioja de 29 de julio de 2016) se denegó la solicitud al deudor, por no haber cumplido ese requisito de haber intentado llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores. La única oferta que hizo fue la de quita del 100% de sus deudas sin haber ofertado ni siquiera el pago del mínimo porcentaje del 25% del importe de los créditos ordinarios. Cuando se inicia el expediente de acuerdo extrajudicial ante Notaría, ya carecía de bienes para hacer frente ni siquiera a ese 25% de créditos concursales ordinarios, de modo que la oferta no podía aceptarse por los acreedores.

    Interpretación flexible de los requisitos

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    • ¿Y si el deudor por ejemplo ha sido calificado como culpable en otro concurso? En esta sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Palencia de 7 de febrero de 2017, se hace una interpretación razonable de la norma, indicando que los requisitos relacionados en el apartado 3 del artículo 178 bis constituyen un mínimo para la apreciación de la buena fe del deudor. Si bien era cierto que el deudor estaba afectado por la calificación de otro concurso, en éste se habían acreditado los requisitos precisos para obtener el beneficio, y entre ellos, que el concurso no se había declarado culpable.

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    6Sep, 2018
    Un año de compliance; justos por pecadores. Asesoria pymes

    Desde que se instauró definitivamente el nuevo régimen penal para empresas –la responsabilidad penal corporativa, de un modo más definido en cuanto a los elementos que tiene que tener un programa de prevención de delitos en el Código penal–, lo cierto es que hemos tenido noticias de penal-económico todos los días, hasta un cambio de Gobierno basado en una moción de censura por delitos económicos.

    La única condena por corrupción entre particulares, estrenando el tipo penal, que se ha producido es la de una empresa de ediciones escolares que sobornó, al parecer con la cifra de 250.000 euros, a un oficial del ministerio de Educación en una república africana para que sus escolares estudiasen con los libros de esta. Resulta cuando menos ingenuo creer que el caso más grave de corrupción que existe es el de esta empresa de ediciones. Evidentemente la organización no contaba con un plan de compliance (o prevención de delitos, en castellano); bastante tenía con sobrevivir en la jungla del mercado editorial compitiendo con los gigantes nacionales e internacionales, como para preocuparse de que ese soborno en Angola, en el que hasta ahora nadie reparaba, resulta que es objetivo de la ONU y ahora está perseguido mundialmente y sancionado estrictamente.

    Con estos antecedentes no es de extrañar que acaben pagando justos por pecadores y acaben condenando por falta de un plan de compliance o programa de prevención de delitos a las pymes, que bastante delito tienen con sobrevivir y pagar las deudas por tributos y demás dispendios estatales. Las pymes constituyen el 80 % del tejido empresarial español, pero están la mayoría subordinadas a los dictados de los grandes grupos de poder, ya sea por la regulación que siempre les perjudica o por las sanciones que acaban recayendo en ellas.

    Es por esto que resulta de vital importancia que las pymes se conciencien de la importancia de prevenir los delitos en sus organizaciones. La gran mayoría de cursos del mercado hablan de MiFID y blanqueo de capitales, áreas de compliance que no afectan a la pyme, mientras que la mayoría de cuestiones por las que sí puede ser sancionada no se tocan.

    La complejidad del régimen, unida a la falsa sencillez de las normas de desarrollo (UNE 19601, ISO 19600 e ISO 37001), puede dar con los huesos en la cárcel de más de un propietario de empresa pequeña, que nunca en su vida había oído hablar de compliance antes.

    La inclusión del área fiscal, y por ende la rama legal, entre las estratégicas de la empresa, obliga a la alta dirección a estar informado de las novedades legales que atañen a la organización. Las pymes, además, ya sabemos que son las que, en última instancia, sufren las reformas legislativas, ya sea porque carecen de los medios para financiar grandes despachos de abogados que conozcan cada novedad legal en profundidad, o porque estas se diseñan precisamente para que paguen justos por pecadores.

    Por eso una asesoria en Valencia donde podremos ayudarle, siendo asesores de pymes.

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    3Sep, 2018
    AEAT: Cálculo de retenciones sobre los rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir de 5 de julio, fecha de entrada en vigor de la Ley de PGE-2018

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    La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, (BOE de 4 de julio) modifica el artículo 101 e introduce una nueva disposición adicional 47ª en la Ley del IRPF. Tales preceptos, establecen, a partir de su entrada en vigor, tres modificaciones relevantes en relación con el cálculo del porcentaje de retención e ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir de ese momento; concretamente:

    • Nuevos límites excluyentes de la obligación de retener (anteriormente contemplados en el artículo 81.1 del Reglamento del IRPF), estableciendo mayores importes y diferenciando los límites para el caso de que se trate del colectivo integrados por contribuyentes pensionistas de la Seguridad Social o clases pasivas o que perciban prestaciones o subsidios por desempleo;
    • A los efectos de determinar la base de retención establecida en el artículo 83.3 del Reglamento del impuesto, se modifican al alza los importes de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo regulada en el artículo 20 de la Ley del Impuestos para rendimientos netos del trabajo inferiores a 16.825 euros anuales; y
    • Finalmente, se incrementa del 50 al 60%, la reducción del porcentaje de retención o ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo cuando se trate de contribuyentes residentes en Ceuta o Melilla y que obtengan allí rendimientos del trabajo que puedan beneficiarse de la deducción por obtención de rentas en Ceuta y Melilla contemplada en el artículo 68.4 de la Ley del Impuesto.

    Estas modificaciones van a afectar solamente a aquellos trabajadores que se encuentren en alguna (o varias) de las siguientes situaciones:

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    • Trabajadores cuyos rendimientos netos del trabajo en 2018 (una vez aplicadas, en su caso, las reducciones por irregularidad) no superen los 16.825 euros anuales.
    • Residentes en Ceuta o Melilla que, a lo largo del ejercicio 2018, hayan obtenido rendimientos del trabajo en dichas ciudades que puedan beneficiarse de la deducción por obtención de rentas en Ceuta y Melilla del art. 68.4 LIRPF.
    • Contribuyentes que hayan obtenido a lo largo del ejercicio 2018 rendimientos íntegros anuales no superiores a 22.000 euros y proceda aplicarles el límite establecido en el artículo 85.3 del RIRPF sobre la cuota de retención (límite que se ve afectado por los nuevos límites excluyentes de la obligación de retener).

    Por ello, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la D.A. 47ª LIRPF, para calcular las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen en 2018 a los contribuyentes que se encuentren en alguna o algunas de las situaciones anteriores, habrá de tenerse en cuenta:

    1. Las retenciones e ingresos a cuenta a practicar sobre los rendimientos de trabajo que se satisfagan o abonen hasta el día anterior a la entrada en vigor de la LPGE-2018 y, por tanto, de las modificaciones introducidas por esta LPGE en la LIRPF, se calcularán de acuerdo con el procedimiento general de retención vigente a 31 de diciembre de 2017.
    2. Las retenciones e ingresos a cuenta a practicar sobre los rendimientos de trabajo correspondientes al resto del periodo impositivo, que se satisfagan o abonen a partir del 5 de julio se calcularán obteniendo un nuevo tipo de retención, practicando la correspondiente regularización del tipo de retención, con las siguientes novedades:
      1. Que a los efectos de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo a que se refiere la letra d) del art. 83.3 RIRPF, se aplicará lo previsto en el segundo párrafo del apartado 1 de la nueva D.A. 47ª de la LIRPF.
      2. Serán de aplicación los nuevos límites excluyentes de la obligación de retener, contenidos en el punto 1) del apartado 2 de la nueva D.A. 47ª LIRPF, los cuales se reproducen a continuación:

    Límites aplicables con carácter general, salvo cuando se trate de pensiones o haberes pasivos del régimen de Seguridad Social o Clases Pasivas, o de prestaciones o subsidios de desempleo:

    Situación del contribuyente

    Nº de hijos y otros descendientes que dan derecho al mínimo por descendientes {1}

     012 ó más
    Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente {2}_15.16816.730
    Contribuyente cuyo cónyuge no obtiene rentas superiores a 1.500,00 euros anuales, excluidas las exentas {3}14.64115.84517.492
    Otras situaciones {4}12.64313.45514.251

    Límites aplicables cuando se trate de pensiones o haberes pasivos del régimen de Seguridad Social o Clases Pasivas, o de prestaciones o subsidios de desempleo:

    Situación del contribuyente

    Nº de hijos y otros descendientes que dan derecho al mínimo por descendientes {1}

     012 ó más
    Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente {2}_15.106,516.451,5
    Contribuyente cuyo cónyuge no obtiene rentas superiores a 1.500,00 euros anuales, excluidas las exentas {3}14.57615.73317.386
    Otras situaciones {4}13.00013.561,514.184
      • Los importes de este segundo cuadro se incrementarán en 600 euros para pensiones o haberes pasivos del régimen de Seguridad Social y de Clases Pasivas y en 1.200 euros para prestaciones o subsidios por desempleo.
      1. Y, finalmente, se tomarán en consideración los porcentajes máximos de tipo de retención establecidos en los artículos 85.3, 86.2 y 87.5 del RIRPF.

    Cuando se debe practicar esta regularización excepcional

    El tipo de retención o ingreso a cuenta, en estos casos, se regularizará, si procede, en los primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir de la entrada en vigor de la Ley de PGE-2018, esto es, a partir del día 5 de julio.

    No obstante, respecto de los trabajadores afectados, la regularización a que se refiere el párrafo anterior podrá realizarse, a opción del pagador, en los primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir de 1 de agosto, en cuyo caso, el tipo de retención o ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo satisfechos con anterioridad a esta fecha (esto es, hasta el 31 de julio) se determinará tomando en consideración la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017.

    Procedimiento para llevar a cabo la regularización

    Respecto de los trabajadores incluidos en alguna de las situaciones anteriormente señaladas, la regularización del tipo de retención se llevará a cabo del siguiente modo, aunque no hubiera experimentado variación ninguna de las variables relevantes al efecto:

    1. Se calcula una nueva cuota de retención conforme a lo dispuesto en el art. 85 del Reglamento, esto es, con carácter general:
      1. Determinando en primer lugar una nueva “base para calcular el tipo de retención” y aplicando los tipos que resulten de aplicar la escala de retención del artículo 101.1 de la LIRPF.
      2. La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar al importe del “mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención” la escala anterior, sin que el resultado de esta minoración pueda resultar negativo.
    2. Se procederá a calcular un nuevo “tipo de retención”, multiplicando por 100 el cociente obtenido de dividir la nueva cuota de retención por la cuantía total de las retribuciones, (Art. 86 del Reglamento).
    3. Esta nueva cuota de retención se minorará en la cuantía de las retenciones e ingresos a cuenta practicados entre el 1 de enero y el 4 de julio (o, en su caso, y a opción del pagador, hasta el 31 de julio, cuando la regularización se realice en los primeros rendimientos que se abonen a partir del 1 de agosto).
    4. El nuevo tipo de retención aplicable a partir del 5 de julio (o a partir del 1 de agosto, a opción del pagador) se obtendrá multiplicando por 100 el cociente obtenido de dividir la diferencia resultante del apartado anterior entre la cuantía total de las retribuciones que resten hasta el final del año y se expresará con dos decimales.

    Estas operaciones se podrán efectuar mediante la utilización de la nueva versión del Servicio de cálculo de las retenciones disponible en la página de la AEAT en Internet, a partir del 4 de julio de 2018.

    Para poder efectuar correctamente la regularización comentada, deberá utilizarse la causa de regularización “11” (Otras causas) de las previstas en dicho Servicio de cálculo, con la única excepción de la concurrencia de este supuesto excepcional de la causa 11 con alguno de los supuestos identificados con la causa 9 o la causa 10 (esto es, la comunicación del derecho o, en su caso de la pérdida del derecho, del perceptor a la minoración del tipo de retención por el pago de préstamos para la adquisición de la vivienda habitual), circunstancias estas últimas que, en caso de proceder, obligan a utilizar las propias causas 9 o 10 (y no la causa 11) para efectuar correctamente la regularización correspondiente a ambos motivos.

    Al regularizar en el mes de julio (o en agosto, a opción del pagador) recurriendo a la causa 11, la aplicación va a requerir la cumplimentación, también de forma excepcional, de las casillas siguientes (adicionales a las que ya se requieren normalmente cuando se consigna la causa 11 de regularización, esto es retribuciones ya satisfechas y retenciones ya practicadas con anterioridad a la regularización):

    • Retribuciones anuales consideradas con anterioridad a la regularización.
    • Rendimientos anteriores a la regularización fueron obtenidos en Ceuta y Melilla.
    • En algún momento antes de la regularización se aplicó minoración por pagos de préstamos para vivienda.
    • Importe de la minoración por pagos de préstamos para vivienda determinado antes de la regularización.

    Es muy importante destacar lo excepcional del uso de la causa 11 de regularización. Por tanto, una vez efectuada la regularización del mes de julio de 2018 (o agosto, a opción del pagador) a los trabajadores afectados, mediante la utilización de dicha causa, la utilización posterior de esta causa 11 debe limitarse únicamente a los supuestos para los que expresamente está prevista, que son los que se indican en la Ayuda del Servicio de Cálculo Retenciones 2018, publicado en la página web de la AEAT. Dichos supuestos son los siguientes:

    1. Cuando proceda regularizar el tipo de retención por haber adquirido el perceptor, en el curso del año natural, la condición de contribuyente del IRPF por cambio de residencia.
    2. Cuando proceda regularizar el tipo de retención por haber cambiado el perceptor, en el curso del año natural, su residencia habitual de Navarra o los Territorios Históricos del País Vasco al resto del territorio español.
    3. Cuando proceda calcular el nuevo tipo de retención en los supuestos a que se refiere el artículo 118.3 del RRPF, por haberse producido la exclusión del perceptor del régimen especial de tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes previsto en los artículos 113 y siguientes del citado Reglamento.

    También es importante resaltar que, aparte del supuesto excepcional comentado en esta Nota, cuando se consigne la causa 11, como motivo de regularización por concurrir alguno de los tres supuestos anteriores durante el ejercicio, únicamente deberán cumplimentarse los apartados correspondientes a:

    • Retribuciones ya satisfechas con anterioridad a la regularización.
    • Retenciones e ingresos a cuenta ya practicados con anterioridad a la regularización.

    En consecuencia, con posterioridad al mes de julio de 2018 (o agosto, a opción del pagador, respecto de los cambios introducidos por la nueva LPGE-2018) es incorrecto utilizar la causa 11 para regularizar el tipo de retención en situaciones distintas de las tres anteriormente señaladas, ya que dicha utilización, además de ser indebida, puede proporcionar al usuario resultados erróneos.

    Finalmente, debe señalarse que para determinar el tipo e importe de las retenciones correspondientes a perceptores contratados con posterioridad al día 4 de julio de 2018, se utilizará la nueva versión del Servicio de cálculo de Retenciones 2018 (la vigente a partir de la entrada en vigor de la LPGE-2018) sin necesidad de practicar la regularización a que se ha hecho referencia anteriormente, sin perjuicio de las regularizaciones que posteriormente pudieran proceder por otros motivos.

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    Fuente: AEAT (24/07/2018)

    2Ago, 2018
    Hacienda acepta el pacto de Ronaldo: Casi 19 millones y 2 años de cárcel La Agencia Tributaria da el visto bueno al acuerdo por el que el futbolista será condenado a dos años de prisión
    20Jul, 2018
    Sanciones Millonarias para las empresas que no implanten medidas de igualdad.

    Plan estratégico 2018-2020 con imposición de sanciones de 187.000€ para las empresas que estén obligadas a elaborar o implantar medidas y planes de igualdad

    Para consultar el BOE de la Inspección de Trabajo 2018-2020, donde se recoge la prioridad de comprobación del cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
    https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5329.pdf

    En estos momentos ya se están ejecutando sanciones de casi 190.000€ tal y como recoge la noticia publicada por el diario CincoDías: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/03/05/legal/1520237458_210759.html

    La Inspección Laboral podrá requerir:

    •    Entrevistas con la Comisión de Igualdad
    •    Actas históricas del proceso
    •    Manual del Plan de Igualdad
    •    Indicadores de seguimiento
    •    Resultados de auditorías trimestrales, semestrales o anuales
    •    Renovación trianual

    Esta obligación aplica a:

    •    Todas las empresas independientemente de su sector en lo que se refiere a ciertas cláusulas, especialmente a la de Prevención por Acoso Sexual.
    •    Empresas obligadas por su convenio sectorial: Hostelería, Estacionamiento de vehículos, Limpieza de edificios y locales…
    •    Empresas obligadas por régimen sancionador.
    •    Empresas/fundaciones/asociaciones que tengan más de 250 trabajadores (independientemente del sector y el número de hombres o mujeres que tengan contratados).
    •    Todas las Administraciones Públicas por pequeñas que sean.

    Como consultora especializada en Normas de Obligado Cumplimiento le ofrece un servicio llave en mano:

    Fase I: Análisis y toma de datos inicial.
    Fase II: Formación en igualdad dirigida a Dirección General y plantilla.
    Fase III: Elaboración de documento de compromiso.
    Fase IV: Desarrollo de estadítica de diagnóstico.
    Fase V: Redacción y aprobación del Plan de Igualdad.
    Fase VI: Implantación según dimensión de la plantilla.
    Fase VII: Evaluación y auditorías trimestrales, semestrales y anuales.

     

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    Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la  Pequeña  y  Mediana  Empresa,  por  la  que  se  publica  el  Convenio  con Asesunión, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la red CIRCE

    Descargar PDF

    10Jul, 2018
    Un Juzgado de Mallorca da la razón a Primark por el despido de un trabajador qué publicó imágenes de mal gusto en Facebook
    6Jul, 2018
    Diez cuestiones clave sobre la declaración de Sociedades 2017

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    1. Sobre amortización acelerada para inversiones en elementos nuevos en entidades de reducida dimensión

    2. Sobre las rentas negativas derivadas de la participación en entidades

    3. Sobre reversión de pérdida por deterioro del valor participaciones anterior a 2013

    4. Sobre rápel o descuentos comerciales

    5. Sobre subvenciones

    6. Sobre dietas a consejeros

    7. Sobre la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo

    8. Sobre amortización del fondo de comercio

    9. Sobre límite a la compensación de bases imponibles negativas

    10. Sobre novedades en la declaración

    1. Sobre amortización acelerada para inversiones en elementos nuevos en entidades de reducida dimensión

    Pregunta:

    Una entidad que en el ejercicio 2017 cumple los requisitos para la aplicación del régimen especial de las entidades de reducida dimensión, adquiere el 01-06-2017 por 50.000 € una máquina que entra en funcionamiento en dicha fecha. La entidad decide amortizar la máquina según tablas y en la máxima cuantía posible. Quiere saber, cuál sería la amortización fiscal del ejercicio 2017 y siguientes.

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    Respuesta:

    Los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, así como los elementos del inmovilizado intangible, afectos a actividades económicas, pueden amortizarse en función del coeficiente que resulte de multiplicar por 2 el coeficiente de amortización lineal máximo previsto en las tablas de amortización oficialmente aprobadas.

    Así puede multiplicar por 2 el coeficiente máximo fijado en las tablas (12%).

    – Dotación fiscal 2017: 50.000 x 24 x 7 meses/12 meses = 7.000 €.

    – Dotación fiscal 2018 a 2020: 50.000 x 24 = 12.000 €.

    – Dotación fiscal 2021: 7.000 €.

    2. Sobre las rentas negativas derivadas de la participación en entidades

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    Pregunta:

    ¿Son deducibles las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades?

    Respuesta:

    Se ha restringido la deducibilidad de los deterioros cuando se trate de participaciones con derecho a la exención en las rentas obtenidas como dividendos, no siendo deducibles cuando en el período impositivo en que se registre el deterioro, no se cumpla el requisito de que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad sea, al menos, del 5% o bien que el valor de adquisición de la participación sea superior a 20 millones de euros.

    También se excluye de integración en la base imponible de las pérdidas que se generen por la participación en entidades ubicadas en paraísos fiscales o en territorios que no alcancen el nivel de tributación adecuado (tipo nominal inferior al 10%).

    3. Sobre la reversión de pérdida por deterioro del valor de participaciones anterior a 2013

    Pregunta:

    ¿Debe integrarse en 2017 alguna renta en la base imponible por reversión de la pérdida por deterioro deducida fiscalmente con anterioridad a 2013, que ascendió a 100.000 €, si en el ejercicio 2017 se ha producido una revalorización de las participaciones revirtiendo 55.000 € de dicha pérdida, y no habiéndose producido una revalorización del valor de las mismas hasta entonces?

    Respuesta:

    Conforme a la disposición transitoria 16ª, apartado 3 LIS la reversión de las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades que hayan resultado fiscalmente deducibles en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2013, se integrará, como mínimo, por partes iguales en la base imponible correspondiente a cada uno de los cinco primeros períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016. De producirse una reversión por un importe superior a la quinta parte del deterioro deducido fiscalmente, el importe total de la reversión se integrará en la base imponible del ejercicio en que se produzca y la parte restante del deterioro que pueda quedar pendiente de integración se integrará en los años que resten por partes iguales.

    En el caso descrito, en el ejercicio 2016 se integraron en la base imponible 20.000 € de las pérdidas por deterioro deducidas con anterioridad a 2013.

    En el ejercicio 2017 debe integrarse la reversión realmente producida, es decir, 55.000 € de recuperación del valor de las participaciones, al ser superior a la reversión mínima que debe integrarse en base imponible por aplicación de la disposición transitoria 16ª.3 LIS.

    Por tanto, a inicio de 2018, la pérdida por deterioro deducida con anterioridad a 2013 que se encuentra pendiente de integrar en la base imponible asciende a 25.000 € y se integrará por partes iguales en los ejercicios 2018, 2019 y 2020 a razón de 8.333,33 € en cada uno de ellos. No obstante, si en 2018 se produce una reversión por un importe superior, se integrará el importe total que haya revertido y, en su caso, el importe pendiente de reversión se integrará en la base imponible de 2019 y 2020 por partes iguales.

    4. Sobre rápel o descuentos comerciales

    Asesoria Valencia, Gestoria Valencia, Abogados, Gestor, Asesor Fiscal Valencia. www.urbanoconsultores.es

    Pregunta:

    ¿Qué tratamiento fiscal tienen los rápel o descuentos comerciales convenidos entre empresas por superar un volumen de adquisiciones?

    Respuesta:

    Los descuentos que se basen en haber alcanzado un determinado volumen de pedidos tienen la consideración de ingresos del ejercicio. No obstante, lo importante, en lo que se refiere a los rápel sobre compras, es considerar su incidencia en la valoración de existencias al cierre de ejercicio. A estos efectos, e independientemente de que los rápel figuren o no en factura, debe considerarse que únicamente en la medida en que estos rápel puedan ser imputados razonablemente a un conjunto definido de compras, conocido al cierre del ejercicio, deberían considerarse como minoración de aquellas existencias a las que sean imputables. Por tanto, si se produjera esta última circunstancia, la parte del rápel que pudiera identificarse claramente con existencias minoraría el coste de éstas, mientras que aquella otra parte que correspondiera a productos ya vendidos al cierre del ejercicio debería contabilizarse como ingreso del ejercicio 2017 e imputarse fiscalmente a este mismo.

    Si el rápel no pudiera ser imputado en los términos señalados al valor de las existencias, el importe total del mismo constituiría un ingreso (contable y fiscal) del ejercicio 2017.

    5. Sobre subvenciones

    Pregunta:

    ¿Cómo tributa una subvención por creación de empleo con contratación indefinida, exigiéndose como requisito que el trabajador permanezca en la empresa un mínimo de tres años?

    Respuesta:

    Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de la NRV 18.ª PGC, se debe considerar no reintegrable la subvención conforme transcurra el plazo de permanencia exigido, reconociendo en proporción al período de tiempo transcurrido la subvención en el patrimonio neto para reclasificarla de forma simultánea a la cuenta de pérdidas y ganancias. Aunque se subvencione la contratación indefinida, en tanto la obtención de la subvención está condicionada a un período mínimo de permanencia del trabajador, será ese período el utilizado para correlacionar el ingreso de la subvención con los gastos asociados.

    Como consecuencia, la subvención se imputará contablemente y, ante la ausencia de norma fiscal específica, también fiscalmente, durante los tres primeros años de contratación del trabajador.

    Así, el ingreso que corresponde a la subvención recibida en 2017 debe imputarse, contable y fiscalmente durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019 en proporción a las retribuciones a percibir en cada uno de dichos ejercicios por los trabajadores cuya contratación origina el derecho a la percepción de la subvención.

    6. Sobre dietas a consejeros

    Pregunta:

    ¿Tienen la consideración de partida fiscalmente deducible en el Impuesto sobre Sociedades las cantidades satisfechas a los miembros del consejo de administración en concepto de dietas y gastos de viaje por asistencia a reuniones del consejo cuando la citada retribución, al no estar prevista en los estatutos sociales, fue acordada en junta general de accionistas?

    Respuesta:

    Tal como exige el artículo 217 TRLSC, toda retribución de los administradores debe ser fijada en estatutos. Al no estar prevista la retribución en los estatutos de la sociedad, la cantidad satisfecha no tiene la consideración de gasto fiscalmente deducible.

    Debe precisarse que el Tribunal Supremo establece que para que pueda sostenerse que los estatutos sociales establecen la retribución de los administradores con certeza, y ésta consista en una asignación de carácter fijo, no basta con que se prevea la existencia y obligatoriedad de la misma, sino que, además, es preciso que en todo caso los estatutos prevean el quantum de la remuneración o, al menos, los criterios que permitan determinar perfectamente, sin ningún margen de discrecionalidad, su cuantía.

    El argumento utilizado hasta la nueva LIS por el Tribunal Supremo para negar la deducción fiscal de las retribuciones de los administradores que no cumplan los requisitos exigidos por la normativa mercantil, ha sido que al no resultar obligatorias por no ajustarse a la citada normativa, tenían la consideración de liberalidad y, en consecuencia, de gastos no deducibles fiscalmente. El art. 15 e) LIS excluye del concepto de liberalidad a las retribuciones de los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones derivadas de un contrato laboral con la entidad. Sin embargo la LIS ha incorporado de manera expresa dentro de los gastos no deducibles fiscalmente a aquellos que deriven de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. Entendemos que las retribuciones de los administradores que no se ajusten a lo dispuesto en la normativa mercantil pueden encuadrarse en dicha categoría de gasto no deducible fiscalmente y que, en consecuencia, cuando la retribución de los administradores no se ajuste a las exigencias impuestas a la misma por la normativa mercantil, no resultará fiscalmente deducible.

    7. Sobre deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo

    Pregunta:

    ¿Son deducibles las inversiones en producciones de películas?

    Respuesta:

    Sí. Dan derecho a deducción las inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental, cuando cumplan determinados requisitos, en los siguientes porcentajes: – En un 25% respecto del primer millón de base de la deducción.- En un 20% sobre el exceso.La base de la deducción estará constituida por el coste total de la producción, así como por los gastos para la obtención de copias y los gastos de publicidad y promoción a cargo del productor hasta el límite para ambos del 40 % del coste de producción. Al menos el 50 % de la base de la deducción deberá corresponderse con gastos realizados en territorio español. El importe de esta deducción no podrá ser superior a 3 millones de euros.El importe de esta deducción, conjuntamente con el resto de ayudas percibidas por el contribuyente, no podrá superar el 50%, elevándose este límite hasta el 60%, en el caso de producciones transfronterizas financiadas por más de un Estado miembro de la Unión Europea o hasta el 70% en el caso de las producciones dirigidas por un nuevo realizador cuyo presupuesto de producción no supere el millón de euros.

    8. Sobre amortización del fondo de comercio

    Asesoria Valencia, Gestoria Valencia, Abogados, Gestor, Asesor Fiscal Valencia. www.urbanoconsultores.es

    Pregunta:

    ¿Puede amortizarse las cantidades satisfechas en concepto de fondo de comercio por una sociedad que adquiere la totalidad del patrimonio de otra, cuando no se da ninguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio?

    Respuesta:

    El fondo de comercio se amortiza contablemente en un plazo de 10 años (salvo prueba en contrario de que la vida útil es distinta) y de forma lineal. Fiscalmente y conforme a lo dispuesto en el art. 12.2 LIS podrá deducirse la amortización contabilizada con el límite del 5% de su importe cada año.

    9. Sobre límite a la compensación de bases imponibles negativas

    Pregunta:

    ¿Existe algún límite a la compensación en 2017 de una base negativa procedente del ejercicio 2013 de una sociedad cuyo importe neto de la cifra de negocios de 2016 fue de 4 millones de euros?

    Respuesta:

    El límite a la compensación de bases imponibles negativas en los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2017 es, con carácter general, el 70% de la base imponible previa a la propia compensación y a la reducción por reserva de capitalización. Para los contribuyentes con importe neto de la cifra de negocios igual o superior a 20 millones de euros, pero inferior a 60 millones de euros, el límite es del 50% de la base imponible y para los que tienen una cifra de negocios superior a 60 millones de euros, del 25% de la base imponible. En todo caso, se podrán compensar en el período impositivo bases imponibles negativas hasta el importe de 1 millón de euros.

    En el presente caso, al ser el importe neto de la cifra de negocios de los 12 meses anteriores al inicio del período impositivo 2017 inferior a 20 millones de euros, se aplica el límite general del 70%.

    Si la base imponible negativa pendiente de compensación fuera inferior a un millón de euros, la base imponible negativa puede compensarse en su totalidad.

    10. Sobre novedades en la declaración

    Pregunta:

    ¿Qué novedad podríamos destacar en la declaración del ejercicio?

    Respuesta:

    Se ha incluido en el modelo 200 una nueva página en la liquidación con el objeto de incluir un mayor desglose de las retenciones e ingresos a cuenta en función de la naturaleza de las rentas del contribuyente que se someten a retención o que son imputadas a éste por agrupaciones de interés económico o uniones temporales de empresas.

    Se han añadido nuevos caracteres para efectuar la compensación de bases negativas en determinados supuestos excepcionales en los que no se aplican los límites, como en el período impositivo en que se produzca la extinción de la entidad o en el caso de entidades de nueva creación.