23Oct, 2018
    RECUPERA TUS GASTOS HIPOTECARIOS. www.urbanoconsultores.es abogados

    GASTOS HIPOTECARIOS

    ADEMÁS DE LOS GASTOS QUE VENÍAMOS RECLAMANDO TAMBIÉN SE PUEDE RECUPERAR EL IMPUESTO DE AJD

     

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    El Tribunal Supremo en su sentencia del 16 de octubre cambia su criterio sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Esta sentencia es firme y no admite modificación, pese a las últimas noticias publicadas. Es el banco y no el consumidor quien debe abonar este impuesto por ser el beneficiario de la escritura notarial de la hipoteca. 

    ¿Qué gastos puedo reclamar?

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    Los gastos de formalización de la hipoteca son los importes derivados del pago de notaría, gestoría, impuestos y tasación que pagaste cuando firmaste tu hipoteca, incluida lacomisión de apertura,si la hubiera.La partida más controvertida era el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el Tribunal Supremo ha creado jurisprudencia en una nueva sentencia del 16 de octubre, que obliga al banco a pagar este impuesto por ser el beneficiario de la escritura notarial hipotecaria.

    Por tanto, se pueden reclamar:

    • Factura de la NOTARÍA correspondiente a la Escritura de Préstamo Hipotecario.
    • Gastos de TASACIÓN de la vivienda.
    • Factura del REGISTRO DE LA PROPIEDAD por la inscripción de la Hipoteca.
    • Gastos de GESTORÍA, siempre y cuando su intervención se haya impuesto por el banco.
    • Gastos de COMISIÓN DE APERTURA.
    • Impuesto de ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS.

    Se trata de las facturas que habitualmente se adjuntan a la hipoteca.

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    ¿Puedo reclamar si la hipoteca está ya cancelada?

    Todo el mundo que tenga o haya tenido un préstamo hipotecario puede reclamar los gastos. Tanto si tu hipoteca está activa, como si has vendido tu casa o si has realizado novaciones sobre el préstamo inicial, puedes reclamar los gastos

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    ¿Por qué Urbano & Asociados?

    Somos líderes en este tipo de reclamaciones: Estamos tan seguros de nuestro éxito que estamos dispuestos responder en caso de una eventual condena a costas.

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    *Urbano  Asociados mantiene entre sus criterios técnico-jurídicos en la defensa de los legítimos intereses de sus clientes los adoptados por el Tribunal Supremo en su Sentencia número 1505/2018 de fecha 16 de octubre de 2018. La resolución de cada caso depende de la decisión de un Juez o Tribunal.

    16Oct, 2018
    ¡Libérate de las deudas contraídas por culpa de la crisis!

    ¡Libérate de las deudas contraídas por culpa de la crisis!

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    Todavía muchas personas en nuestro país se encuentran perjudicadas por asuntos monetarios debido a la grave crisis económica y financiera que hemos sufrido en Europa, y especialmente en España.

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    Desafortunadamente, quedarse sin trabajo, tener que hacerse cargo de la familia, hacer frente a los gastos cotidianos del día a día, las cuotas de la hipoteca o simplemente endeudarse más con los bancos pidiendo créditos para sufragar todos estos pagos, es una triste realidad que ya se ha convertido en cotidiana en nuestro país.

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    Precisamente para intentar paliar los efectos de la crisis, y con el propósito de ayudar a las pymes y a particulares, surgió en el año 2015 el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social conocida coloquialmente como Ley de segunda oportunidad.

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    ¿Buscando quién defienda mejor tus intereses?
    Deja que nuestros expertos te ayuden y te guíen.

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    15Oct, 2018
    El Supremo destaca la importancia de implantar planes de compliance para prevenir delitos dentro de las empresas
    El Tribunal Supremo en su sentencia de 28 junio 2018, Rec. 2036/2017, incide en la necesidad de establecer mecanismos de este tipo para evitar casos como el que se plantea en esta sentencia en la que se condena a 4 años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal al exadministrador de la empresa Carbuastur por apoderase, sin el consentimiento de su socio italiano, de dinero en efectivo de la caja y realizar transferencias a su cuenta personal sin justificar su destino, además de otras irregularidades en la gestión, que ocasionaron un perjuicio de 2 millones de euros a esta empresa, que se dedicaba a la importación de carbón de Ucrania.Aqui en Valencia, asesoria gestoria Urbano Consultores.Asesoria Valencia, Gestoria Valencia, Abogados, Gestor, Asesor Fiscal Valencia. www.urbanoconsultores.es

    La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro Servet, destaca que “una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, o abuso de funciones que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato.

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    La Sala recuerda que ha sido pieza esencial en la reestructuración del buen gobierno corporativo de las sociedades que se implanten e implementen protocolos de buena gestión de los administradores de las sociedades mercantiles, a fin de que sus gestores actúen con arreglo a unos parámetros que ya se fijaron en el año 1997 en el conocido «Código Olivenza». Añade que junto con este Código Olivenza fue capital para el buen gobierno de la administración en las empresas la introducción de los programas de compliance en las mismas que evitarían casos como el que aquí ha ocurrido, ya que el control interno en las empresas evita la delincuencia cometida por directivos, y empleados mediante la técnica anglosajona del compliance program como conjunto de normas de carácter interno, establecidas en la empresa a iniciativa del órgano de administración, con la finalidad de implementar en ella un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo que le permita mitigar el riesgo de la comisión de delitos y exonerar a la empresa y, en su caso, al órgano de administración, de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus directivos y empleados.Aqui en Valencia, asesoria gestoria Urbano Consultores.  www.urbanoconsultores.esAsesoria Valencia, Gestoria Valencia, Abogados, Gestor, Asesor Fiscal Valencia. www.urbanoconsultores.es

    “De haber existido un adecuado programa de cumplimiento normativo, casos como el aquí ocurrido se darían con mayor dificultad, ya que en la mayoría de los supuestos el conocimiento de actividades, como las aquí declaradas probadas de apropiación de fondos y de abuso de gestión, no se hubieran dado, y no habría que esperar a que en este caso hubiera tenido que intervenir la agencia tributaria para, detectando el fraude fiscal que existía con el carbón importado, acabaran por descubrirse las apropiaciones realizadas por el recurrente”, subraya la Sala.

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    De ahí, afirman los magistrados, la importancia de que en las sociedades mercantiles se implanten estos programas de cumplimiento normativo, no solo para evitar la derivación de la responsabilidad penal a la empresa en los casos de delitos cometidos por directivos y empleados, que serían los casos de ilícitos penales ad extra, que son aquellos en los que los perjudicados son terceros/acreedores que son perjudicados por delitos tales como estafas, alzamientos de bienes, etc, sino, también, y en lo que afecta al supuesto ahora analizado, para evitar la comisión de los delitos de apropiación indebida y administración desleal, es decir, ad intra.

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    Estos últimos, indica la Sala, aunque no derivan la responsabilidad penal a la empresa por no estar reconocido como tales en sus preceptos esta derivación y ser ad intra, “sí que permiten obstaculizar la comisión de delitos como los aquí cometidos por los administradores que no dan rendición pautada de cuentas a sus socios o administradores solidarios y que cometen irregularidades, que en algunos casos, como los aquí ocurridos, son constitutivos de ilícitos penales”.

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    La sentencia destaca que estas actuaciones de ilícitos penales como los aquí cometidos incluso pueden dar lugar la existencia de responsabilidad civil, que en el caso de que se tratara de hechos ad extra o cometidos frente a terceros, y no frente al patrimonio de la sociedad, haría nacer una responsabilidad civil con cargo a la empresa por la vía del art. 120.4° CP (LA LEY 3996/1995), que podría estar cubierta por las pólizas de seguro de responsabilidad civil que suelen contratarse para cubrir estas eventualidades; pólizas que, al mismo tiempo, podrían exigir la constitución de los programas de cumplimiento normativo para aminorar o reducir el riesgo de la aparición de ese deber de indemnizar la aseguradora como consecuencia del aseguramiento de la responsabilidad civil. 

    La Sala concluye que es evidente que el programa de cumplimiento lo que traslada al administrador societario que tiene en mente realizar este tipo de conductas es saber la existencia de un control que en el caso aquí analizado no había, y que es lo que propició los actos de apropiación y de administración desleal declarados probados. Con estos programas de compliance, apunta el Tribunal Supremo, podrían evitarse estos delitos ad intra en el seno de las empresas para evitar una delincuencia societaria con grave perjuicio interno.

    El tribunal estima de forma parcial el recurso del condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo que le impuso una pena de 5 años y 9 meses de prisión por un delito de apropiación indebida y otro de administración desleal, así como el pago de una indemnización de 2 millones de euros más los intereses legales por los perjuicios causados a la empresa. La Sala le impone una pena de 4 años de prisión al apreciar continuidad delictiva de ambos delitos y mantiene el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida.

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    5Oct, 2018
    Cuándo una persona puede acogerse a la «segunda oportunidad» para liberarse de sus deudas? Gestor Autonomos

    En ASESORIA FISCAL en Valencia  ayudamos PYMES Y AUTONOMOS No estamos hablando de un sistema nuevo. El uno de marzo de 2015 entró en vigor el RDL 1/2015, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas del orden social. Su objetivo principal es permitir a las personas que por circunstancias de la vida han tenido un fracaso económico personal o en sus negocios, elpoder encarrilar su vida y comenzar «de cero», sin el lastre que supone la deuda, que se sabe no podrá nunca pagar. La Ley 14/2013 de Emprendedores introdujo un sistema similar, pero que debido a sus duros requisitos casi no fue aplicado. Esta Ley de 2015 amplia el sistema e introduce una posibilidad excepcional de exoneración y aplazamiento del pasivo.

     

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    ¿Qué requisitos exige la Ley para aplicar este sistema?

    La posibilidad que la ley ofrece viene referida a personas físicas que, en el marco de sus concursos de acreedores declarados, cumplan determinadas condiciones que permitan considerarlos como «deudores de buena fe». Estos requisitos son los siguientes, que vienen indicados en el artículo 178 bis de la Ley Concursal:

    • El concurso debe haber sido calificado como fortuito: es decir, no debe tratarse de concurso considerado culpable, que es una forma de calificar el concurso cuando se aprecia dolo o culpa grave del deudor.

    • El deudor no ha debido ser condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración del concurso. Si existe proceso penal pendiente el juez debe suspender su decisión hasta que haya sentencia firme.

    • Que se hubiera celebrado o por lo menos intentado un acuerdo extrajudicial.

    • Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa (vienen relacionados en el artículo 84 de la Ley Concursal, y los créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.

    Si este número 4) no se cumple, entonces:

    – Que el deudor acepte someterse al plan de pagos tras oír a los acreedores y sea aprobado por el juez.

    – Que no haya incumplido las obligaciones de colaboración con la administración concursal y el juez.

    – Que no haya obtenido este beneficio (el de la segunda oportunidad) dentro de los diez últimos años.

    – Que no haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.

    – Que acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho, que la obtención de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal con posibilidad de acceso público, por un plazo de cinco años.

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    ¿Es complicado el escrito que debe presentarse?

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    En absoluto. Se trata de un escrito dirigido al juez de primera instancia (A partir del 1 de octubre de 2015 quien conoce de los concursos de persona natural que no sea empresario es el Juzgado de Primera Instancia y no el Mercantil). En este documento, al amparo de lo establecido en el artículo 178 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio y tras la solicitud de conclusión del concurso por el administrador concursal, se insta la exoneración y aplazamiento del pasivo no satisfecho, acreditándose documentalmente los requisitos indicados en la ley para acceder al beneficio.

    El acreedor o acreedores evidentemente pueden oponerse a dicha solicitud, (artículo 178 bis.4.pfo.3º). Esta oposición se tramita a través del incidente concursal, y se articularía a través de una demanda dirigida al deudor que previamente habría solicitado el beneficio, y frente al administrador concursal, que habría solicitado la conclusión del concurso. Finalmente, será el juez quien decida sobre la solicitud planteada por el deudor.

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    ¿Qué dice la jurisprudencia?

    Los juzgados y las Audiencias han venido interpretando los requisitos establecidos en la ley para la aplicación del beneficio al deudor. Les ofrecemos una muestra de ellas:

    Momento de presentación de la solicitud

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    • La Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia reciente de 29 de junio de 2018, revocó la sentencia dictada por el Jugado de Primera Instancia, que había denegado la solicitud de exoneración y aplazamiento porque según su apreciación se estaba ante un concurso culpable al existir retraso en la solicitud de concurso. La Audiencia sin embargo discrepó de tal conclusión, pues consideró que realmente no se había cuestionado la concesión del beneficio de exoneración, sino que debió de concederse el beneficio cuando la administración concursal y los acreedores personados no se oponen al mismo por falta de concurrencia de los requisitos del artículo 178 bis 3 de la Ley Concursal. Para ello analiza el momento para solicitar el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho y las posibilidades existentes.

    • Por su parte la sentencia dictada también por la AP Barcelona de 13 de febrero de 2017 analiza el tema de cuándo debe presentar el deudor su solicitud, indicando que hasta que no concluyan las operaciones de liquidación, el concursado no puede pedir la exoneración del pasivo insatisfecho. En este caso la solicitud fue denegada.

    • También un juzgado de lo Mercantil, en sentencia dictada el 10 de marzo de 2016 examina la cuestión. En esta ocasión quita la razón al acreedor, que se había opuesto a la concesión del beneficio. El Juzgado indicó que la solicitud de concesión de la remisión del pasivo debe de efectuarse en el plazo que se concede a los partes para que formulen oposición a la conclusión, y ello tanto en el caso en el que se interese la finalización del procedimiento por liquidación como por insuficiencia de masa.

    Requisito de haber solicitado acuerdo extrajudicial

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    • Un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, en auto dictado el 15 de abril de 2016, concluyó que podía aplicarse al deudor el mecanismo de la segunda oportunidad. En este caso el deudor era persona física empresario que carecía de antecedentes penales, cuyo concurso no había sido declarado culpable. Concurrían los requisitos aunque el deudor no había intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, pues se trataba de un deudor de buena fe, y no podía exigírsele el cumplimiento de este requisito del acuerdo extrajudicial con efectos retroactivos (cuando pidió el concurso no se había aprobado la ley reguladora) y sí se había sometido a las demás exigencias que imponía la norma.

    • Sin embargo en esta ocasión (AP la Rioja de 29 de julio de 2016) se denegó la solicitud al deudor, por no haber cumplido ese requisito de haber intentado llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores. La única oferta que hizo fue la de quita del 100% de sus deudas sin haber ofertado ni siquiera el pago del mínimo porcentaje del 25% del importe de los créditos ordinarios. Cuando se inicia el expediente de acuerdo extrajudicial ante Notaría, ya carecía de bienes para hacer frente ni siquiera a ese 25% de créditos concursales ordinarios, de modo que la oferta no podía aceptarse por los acreedores.

    Interpretación flexible de los requisitos

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    • ¿Y si el deudor por ejemplo ha sido calificado como culpable en otro concurso? En esta sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Palencia de 7 de febrero de 2017, se hace una interpretación razonable de la norma, indicando que los requisitos relacionados en el apartado 3 del artículo 178 bis constituyen un mínimo para la apreciación de la buena fe del deudor. Si bien era cierto que el deudor estaba afectado por la calificación de otro concurso, en éste se habían acreditado los requisitos precisos para obtener el beneficio, y entre ellos, que el concurso no se había declarado culpable.