El Servicio Especial de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación por si la expulsión de guardias civiles y policías nacionales de los hoteles de Cataluña pudieran implicar delitos de amenazas y contra los derechos fundamentales, según un escrito hecho público por la Fiscalía General del Estado, en el que también se pide que se aclare la posible implicación de los «responsables municipales» en esa decisión.

El fiscal en su escrito explica que en este caso se trataría por «la pertenencia de los afectados a la nación española«.

La pena, si fueran condenados, sería «la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de uno a cuatro años«.

Y por ello, ordena a la Policía Nacional que «practique todas las diligencias que permitan la comprobación de los hechos, su esclarecimiento y la identificación de sus autores«.