Se han publicado novedades en materia fiscal con el objetivo de reducir el impacto del COVID-19 en el ámbito tributario.

Para reducir el impacto del COVID-19 en el ámbito tributario, en los últimos días se han adoptado diversas medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Véalas a continuación.

Aplazamientos

En primer lugar, se han flexibilizado los aplazamientos de las autoliquidaciones que deban presentarse hasta el 30 de mayo de 2020 por parte de empresas y autónomos que facturaron menos de 6.010.121,04 euros en 2019. 

En estos casos, Hacienda permitirá que la posibilidad de aplazar deudas de hasta 30.000 euros de forma automática y sin garantía (que ya existe actualmente) sea aplicable también a las retenciones e ingresos a cuenta, a los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y al IVA. Apunte. El aplazamiento podrá solicitarse por hasta seis meses, sin que deban satisfacerse intereses de demora por los tres primeros meses. 

Pulse aquí para acceder a una nota de la AEAT con unas instrucciones provisionales sobre cómo solicitar estos aplazamientos.

Suspensión de plazos administrativos

Por otro lado, se ha acordado suspender los plazos de determinados procedimientos administrativos. Vea los principales cambios.

Se han ampliado hasta el 30 de abril de 2020 los plazos relativos a, entre otros, los siguientes procedimientos que ya se hayan iniciado y todavía no hayan concluido a fecha de hoy, 18 de marzo de 2020:

• Los plazos de pago de la deuda tributaria por liquidaciones practicadas por la Administración.
• Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos.
• Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información.
• Los plazos para formular alegaciones en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y revocación.

Se han ampliado hasta el 20 de mayo de 2020 los plazos relativos a procedimientos que sean comunicados a partir de hoy, 18 de marzo, salvo que el plazo otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

Por último, el plazo comprendido entre hoy, 18 de marzo, y el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la AEAT. Asimismo, el plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período.

GESTORIA FISCAL VALENCIA. La interrupción de los plazos administrativos no afecta a los plazos tributarios sujetos a normativa especial, ni afecta, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

Pulse aquí para acceder al Real Decreto-ley que introduce estos cambios normativos.

Certificados electrónicos 

Por último, sepa que, ante la falta de atención presencial en las oficinas de la AEAT, aquellos contribuyentes cuyo certificado electrónico esté caducado o próximo a caducar podrán seguir utilizándolo en las próximas semanas, mientras dure la situación de excepcionalidad derivada del COVID-19.

Pulse aquí para acceder a una nota de la AEAT con información más detallada.

Desde hace unos días, el gobierno de España no ha cesado de presentar novedades en las medidas tomadas para luchar contra la recesión generada por la pandemia del Covid-19. Tanto es así que la información puede ser difícil de obtener y desgranar.

Hemos preparado este artículo donde iremos actualizando las medidas tomadas para que podáis identificarlas de una manera muy sencilla.

Primeras medidas

En un primer momento, se tomaron nueve medidas concretas que intentaban paliar lo que, a priori, parecía una situación más corta de lo que ahora se espera.

• 25 millones de euros para becas comedor que serían gestionados por las CCAA
• Aumento de 2.800 millones de euros en gasto sanitario
• 14.000 millones de euros en liquidez para pymes y autónomos en forma de prórroga en el pago de impuestos
• 400 millones de euros para el ICO con el fin de dar liquidez a las empresas del sector turístico
• 100.000 millones para avales públicos (50% extra por parte del sector privado) – Aquí tienes una noticia de ABC y otra de Público donde se explica su funcionamiento.
• Los empleados de las administraciones cerradas se cubrirán como bajas
• Bonificación como fijo-discontinuo para los trabajadores de turismo, hostelería y restauración
• Cobertura de ERTEs con el 75% del desempleo para sus trabajadores
• Aplazamientos de los créditos a la industria

Segunda tanda de medidas

El día 17/03 el presidente del gobierno presentó una nueva actualización de las medidas que procederían a publicarse en el BOE al día siguiente. Estas medidas incluían medidas por valor de 117.000 millones de euros públicos y otros 83.000 millones por parte del sector bancario que no se especificaron quién asumiría.

Estas medidas cubren necesidades de cuatro sectores de la población:

Las familias

• 600 millones de euros destinados a la asistencia de personas dependientes, protección de los colectivos vulnerables, prohibición de cortes de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones
• Medidas de derecho a la vivienda y contra los desahucios, incluye la moratoria del pago de hipotecas en caso de necesidad – Medida sin cuantificar en impacto económico –

Trabajadores

• Los ERTE no consumen derechos de paro ni laborales de otro tipo. Esta medida se suma a la cobertura con el 75% del salario.

Empresas y autónomos

• Los autónomos afectados por la situación actual que sostengan una reducción de ingresos superior al 75% o cuya actividad quede suspendida quedan exonerados de las cuotas a autónomos
• Los autónomos mencionados en el punto anterior (incluyendo los societarios y lo empleadores) todavía desconocemos si alcanzará a cubrir un derecho a una prestación extraordinaria de duración de un mes (con posible prórroga) que se calcula con el 70% de la base reguladora o con el 70% de la base mínima cuando no se pueda acreditar el periodo mínimo de cotización.
• Al solicitar un ERTE, en caso de ser aprobado, la empresa deja de pagar las cotizaciones sociales de los empleados afectados.
• Avales para empresas a través del ICO: 100.000 millones de euros
• Avales para empresas exportadoras a través del ICEX de 2.000 millones de euros

Investigación científica

El gobierno también ha comunicado la inversión de dinero público en la investigación científica para luchar contra la pandemia, pero no se ha cuantificado a día de hoy a cuánto ascenderá esta inversión finalmente. Las medidas que se han anunciado son:

• 30 millones para el Carlos III y el CSIC

¿Qué facilidades se dan para solicitar estas ayudas?

• Se ha puesto en marcha un sistema de respuesta rápida a la solicitud de ERTEs, las cuales se responderán en un plazo de 5 días laborables. Recomendamos contar con los servicios de asesores y abogados, dado que los procedimientos pueden ser complicados.
• La solicitud de los créditos con aval público se realizará directamente en las entidades bancarias
• La bonificación de las cuotas de seguridad social para autónomos afectados se realizará mediante una solicitud a la Seguridad Social
• Las personas o familias vulnerables deberán acudir a los servicios sociales de las CCAA para acogerse a las medidas antes mencionadas.

Como ASESORIA FISCAL URBANO CONSULTORES os ayudamos a trasladaros toda última información. Aportamos Soluciones desde nuestro despacho en Valencia.

Ante la situación excepcional producida en el país os informamos que las empresas tienen el derecho a acogerse a un ERTE en sus plantillas.

Esta es la mejor solución para trabajadores y empresarios, puesto que permitirá a la empresa reducir gastos, y a los empleados conservar su trabajo.

VENTAJAS SOLICITUD DE UN ERTE:

-Se solicita a la autoridad laboral la suspensión temporal del empleo de los trabajadores.
-El empresario puede seleccionar el número de trabajadores que se verían afectados por el ERTE (todos o algunos).
-Puede realizarse un ERTE para la totalidad de la jornada o solo para una parte. Por ejemplo, para la mitad de la jornada.
-El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) pagaría a los trabajadores la prestación por desempleo (comúnmente conocida como «paro») como si se hubiese extinguido la relación laboral.
-El máximo que paga el SEPE es un 70% del salario del trabajador con un máximo de 1.098,09 euros € si no se tienen hijos, de 1.254,86 euros si se cuenta con un hijo y de 1.411,83 euros si tiene dos o más hijos.
-El empresario no tiene que seguir pagando el salario del trabajador y la cuota empresarial de la Seguridad Social
-La relación laboral no se extingue, sino que se suspende, por lo que tras la finalización del ERTE los trabajadores vuelven a prestar sus servicios con normalidad.
-Adicionalmente, la empresa puede, voluntariamente, pagar la diferencia entre lo que percibiría el trabajador por el «paro» y su nómina habitual.

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ACTUALIZACIÓN 13/03/2020

La Bolsa en declive, cierres de centro educativos, supermercados colapsados, calles desiertas. El coronavirus está cambiando nuestras vidas y sus consecuencias nefastas se hacen sentir entre autónomos y pymes, especialmente en los sectores turismo, consumo y transporte. 

Esta situación de cuarentena hace imprescindible un plan de choque del Gobierno coordinado con sindicatos, patronal y asociaciones de autónomos cuyas medidas para autónomos, pymes y familias tratan de amortiguar las consecuencias económicas y garantizar la continuidad de los negocios. Las especificaciones sobre este plan se conocerán tras la celebración hoy mismo del Consejo de Ministros extraordinario y la reunión posterior con los agentes sociales. Veamos las medidas ya aprobadas y las pendientes de confirmación. 

Sobra decir que en URBANO CONSULTORES seguiremos informando sobre la rabiosa actualidad. 

Prestación por accidente de trabajo (Confirmada)

El Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo establece que cuando el trabajador autónomo se vea en situación de aislamiento preventivo como consecuencia del Coronavirus o por contagio estará en situación de incapacidad temporalasimilada a accidente de trabajo. 

Esta situación da derecho al trabajador autónomo a una prestación económica del 75% de su base reguladora desde el primer día. Esto significa que si cotizas por la base mínima de autónomos, 944,40 euros, tu prestación ascenderá a 708 euros. Se desconoce aún si de esos 708 euros saldrá para el pago de la cuota de autonomos o si,como pide la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), se bonificará al 100%. 

Este Real-Decreto cambia el criterio anterior por el que las situaciones de aislamiento y contagio por Coronavirus daban lugar a una situación de incapacidad temporal por enfermedad común cuya prestación consiste en un 60% de la base reguladora a partir del cuarto día. 

Aplazamiento del pago de la cuota de autónomos (No confirmada)

El impacto del Coronavirus sobre el tejido empresarial y sobre el consumo da lugar a la falta de liquidez de los autónomos y las pymes. Según UPTA los trabajadores por cuenta propia con establecimientos abiertos al público perderán el 8% de sus ventas anuales y el 25% de su rendimiento neto. Estas cifras dificultan el cumplimiento por parte de autónomos y pymes de sus obligaciones con la Administración. 

Este plan de choque iba a incluir una moratoria de las cotizaciones a la Seguridad Social durante tres meses consecutivos para autónomos y empresas de las zonas consideradas de alta transmisión pero a día de hoy esta medida, que iba a contar con un plazo máximo de pago de un año sin ningún recargo por pago aplazado, no ha sido aprobada. 

En el apartado de fiscalidad, los autónomos y las pymes también podrán fraccionar y aplazar sus deudas tributarias durante seis meses según se ha confirmado en mediante Real Decreto-ley, de 12 de marzo, que también incluye la puesta en marcha de una línea de crédito oficial para autónomos y pymes del turismo, el transporte y la hostelería.

Facilitar la prestación por cese de actividad para los autónomos que echen el cierre (No confirmada)

Y si esta falta de liquidez de la que hablamos obliga a bajar la persiana y darse de baja como autónomo, el Gobierno se plantearía garantizar el acceso a la prestación por cese de actividad siempre que se demuestra una fuerte caída de los ingresos de la actividad. Debemos recordar cotizar por cese de actividad es obligatorio desde el 1 de enero de 2019 pero pese a ello, y según la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), se desestima el 60% de las solicitudes de la prestación por cese de actividad. 

Cómo ha de actuar el autónomo empleador en prevención del Coronavirus

La pasada semana el Ministerio de Trabajo publicó la Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus. Esta guía, amparada en el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), deja en manos de la empresa o el propio trabajador la decisión de paralizar la actividad laboral en caso de que exista un riesgo de contagio por coronavirus en el centro de trabajo. 

Si es posible la empresa optará por formas de trabajo alternativas como el teletrabajo favoreciendo también con esta medida organizativa la conciliación familiar. 

Estas formas de prevención son fundamentales ya que en caso de que se produzca un contagio en el centro de trabajo, por la falta de adopción de medidas de prevención, la empresa se enfrenta a una sanción por infracción grave de casi 50.000 euros según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). 

Exoneración del abono de cuotas del autónomo empleador

Tratándose de una situación de emergencia civil, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil establece que en caso de suspensiones de los contratos de trabajo,  la Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta mientras dure el periodo de suspensión, manteniéndose la condición de dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador .

Si se produjera extinción del contrato de trabajo las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial.